El 26 de julio de 2005, Tortolero fue sometida a una “laminectomía más artrodesis con colocación de implantes de titanio�, en el Instituto de Especialidades Quirúrgicas, a cargo del traumatólogo Luis Alberto Vargas. Su cuadro clínico indicaba “estenosis del canal por hernia discal en L4-L5�.

El médico tratante ordenó un reposo absoluto de tres meses, pero, al comenzar a caminar, sentía que el implante se movía y le causaba mucho dolor.

-Por ello fui a consulta y el doctor me mandó a hacer una resonancia magnética, y al verla dijo que todo estaba bien, que se trataba de un callo que se estaba formando, pero el malestar persistía, y cada vez que iba a consulta y preguntaba cuándo comenzaría con la fisioterapia, me decía que había que esperar, a pesar de que habían transcurrido seis meses de la operación, precisó.

-Con el tiempo, el dolor se volvió crónico y no había tratamiento que me mejorara -continuó-, estaba postrada en una cama, no dormía ni comía, por lo que mi familia decidió llevarme al Centro Policlínico La Viña, donde fui atendida por los doctores Strauss y Bellera. Ellos me piden otra resonancia magnética con medio de contraste, la que diagnosticó “Síntesis en L3-L4 y en L5. Deshidratación de los discos invertebrales L1-L2, con protuberancia anular central, L4-L5, igualmente con protuberancia anular central L3 y L4 y L4 y L5�. Me indicaron fisioterapia; sin embargo, mis hijos decidieron llevarme al Instituto de Columna, en el Centro Clínico Caracas.

El informe médico señala que “la paciente presenta lumbociatalgia bilateral con antecedentes de cirugía descomprensiva instrumentada L4-L5, sin mejoría de la sintomatología.... en resonancia magnética se evidencia ‘estenosis L4-L5, con instrumentación pedicular’ y en estudios de electromiografía se reporta ‘radiculopatía L5 izquierda�.

-Todo esto fue notificado al traumatólogo operante, quien aceptó que debía someterme a una nueva operación, pero mis condiciones económicas no me lo permiten; por ello exijo la indemnización de lo gastado luego de la primera operación (12 millones 200 mil bolívares), para poder cancelar la nueva intervención, precisó Mery Tortolero Freites.

“Tengo derecho como ser humano a recuperar mi salud con una segunda operación, ya que deseo volver a ser una mujer activa y me horroriza la idea de terminar mis días postrada en una silla de ruedas, por el hecho de que el doctor Luis Alberto Vargas Moya no haya cumplido con su juramento hipocrático�, sentenció.

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